Para garantizar el aprovisionamiento de los mercados, mantener las rentas de la población que más lo necesita y mejorar las condiciones sociolaborales.
El Gobierno ha prorrogado hasta el 30 de Septiembre las medidas extraordinarias del Real Decreto para la flexibilización del empleo agrario, que fue aprobado el pasado mes de Abril por la crisis del coronavirus.
En concreto, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado la ampliación por tres meses más de este real decreto. El mismo concluía a finales de este mes, lo ha hecho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
“El objetivo del Gobierno es facilitar medidas para garantizar el aprovisionamiento de los mercados, mantener las rentas de la población que más lo necesita y mejorar las condiciones sociolaborales de la población y compatibilizar la percepción de prestación con un salario en el campo“, ha explicado Montero.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ya había avanzado en las pasadas semanas la intención del Gobierno de prorrogar hasta finales de septiembre estas medidas extraordinarias. El objetivo es garantizar la producción de cara a próximas las campañas agrícolas y para dotar una mayor tranquilidad a todo el sector.
Agricultura ha subrayado
que esta ampliación permitirá garantizar la disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos. Sobre todo ante las limitaciones sanitarias a la movilidad de trabajadores de otros países que realizan labores agrarias como temporeros, como consecuencia del coronavirus.
El objetivo de esta prórroga es asegurar la recolección y garantizar el abastecimiento de toda la cadena alimentaria para que se mantenga, como hasta ahora,. Además del flujo productivo para que lleguen los productos al consumidor final, sin merma de cantidad y calidad en el abastecimiento de la población.
Real Decreto Ley
El Real Decreto Ley aprobado establece también para las empresas y los empleadores, la obligación de comunicar a los servicios públicos de empleo autonómicos. En un plazo de los diez días hábiles siguientes a su concertación, las contrataciones cuya vigencia se acuerde prorrogar, indicando la nueva fecha de finalización.
Para asegurar la correcta aplicación de la normativa, las delegaciones y, en su caso las subdelegaciones del Gobierno establecerán los mecanismos de coordinación precisos con el Servicio Nacional de Empleo, comunidades autónomas y agentes sociales.
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